El mantenimiento de los bienes comunales ha sido desarrollado durante varias generaciones desde la voluntariedad y el acuerdo de vecinos y usuarios. Tal es el caso de los caminos que de manera secular han comunicado los pueblos para el intercambio comercial, de los canales y acequias que eran trabajadas por las comunidades de regantes o de las riberas de propiedad municipal. Estas labores altruistas recibían nombres diferentes en función de la geografía española, pero su significado era el mismo. Expresiones como las facenderas, “echar el cacho” o trabajar a prestación popular eran antaño comunes y daban lugar a un beneficio común.
Los fondos europeos en los últimos años han permitido seguir con las labores de mantenimiento de cauces y riberas bajo la denominación de planes de cuenca. Con mayor o menor acierto se han acometido medidas cuyo objetivo, en principio, ha sido mejorar las condiciones ribereñas. Sin embargo, gran parte de las actuaciones duras de infraestructuras orientadas a la regulación de los cauces –motas y similares– no dieron el resultado esperado, por lo que en la actualidad se está procediendo a su retirada en muchos casos.
Estas labores desarrolladas por las confederaciones hidrográficas eliminaron las labores altruistas de los habitantes del medio rural, al mismo tiempo que generaron empleo local. En la actualidad, la necesidad de continuar con las labores de mejora fluvial se complica en el sentido de que el alto nivel de desempleo puede chocar con el trabajo realizado desde el voluntariado. En esta encrucijada se encuentran los ayuntamientos del medio rural, con la obligatoriedad según la Ley de Aguas del mantenimiento de las riberas, pero sin los medios económicos necesarios.
Por eso numerosas localidades han acogido con agrado las diferentes convocatorias de voluntariado que se desarrollan desde distintas entidades y agrupaciones, impulsadas por el menguado Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Bajo estos proyectos se están pudiendo desarrollar actuaciones básicas pero efectivas, cuya mayor relevancia reside en la continuidad en el tiempo. Bajo esta premisa se aconseja persistir en zonas concretas cada año, más que realizar intervenciones dispersas y anecdóticas a lo largo de las riberas.
En este planteamiento a medio y largo plazo es clave la implicación de la población local, de manera que se genere un hábito, lo que puede llevar a que se recupere el trabajo en beneficio a la comunidad que hasta hace poco era habitual. El maridaje del voluntariado rural y urbano permite establecer conexiones que abrirán otros campos de colaboración, pero se hace necesario empoderar de manera intergeneracional a los vecinos y vecinas de los pueblos en la mejora de las riberas. En este contexto, la custodia del territorio se convierte en la herramienta de gestión adecuada.
A través de acuerdos entre ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro activas en cada comarca (culturales, ambientales, de pescadores, ganaderos, agricultores o mujeres.), se puede orquestar una plan de acción y gestión a largo plazo donde se reflejen los compromisos de cada una de las partes para una custodia fluvial continuada en el tiempo. La implicación de las confederaciones hidrográficas permitirá tener a todos los grupos de interés en un proyecto común.
Este camino es el que ha venido recorriendo en los últimos cinco años la Confederación Hidrográfica del Duero en colaboración con entidades de custodia como la Fundación Tormes – EB dentro del LIC Riberas Protegidas del Tormes (Salamanca), WWF España en las Hoces del río Riaza (Segovia) o la Asociación Amigos del Canal “La Barcaza“ para favorecer la difusión de los valores del Canal de Castilla. No siendo una solución para todos los municipios con necesidades en la conservación de sus cauces, la custodia fluvial desde el voluntariado rural y urbano sí puede aportar apoyos concretos dentro de este ámbito de la gestión y mejora pública y participada de la biodiversidad.
